En las últimas dos décadas, la región fronteriza de México se ha convertido en una zona con un alto grado de inseguridad. Por su misma condición limítrofe con Estados Unidos, se acentúan aquí fenómenos como el tráfico de drogas y de personas desde México, y el contrabando de todo tipo, lo que provoca niveles de violencia que no se presentan en zonas alejadas de la frontera. La violencia y la inseguridad en la frontera tienen relación generalmente con enfrentamientos entre los grupos que se disputan el control de actividades ilícitas y que muchas veces gozan de la protección de las diversas fuerzas policíacas. En efecto, el involucramiento de las diferentes corporaciones policíacas en actividades ilegales [y] su resistencia a limitar su actuación al marco constitucional también es un problema importante. A su vez, la militarización del área, como consecuencia de “la guerra contra las drogas”, ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos en el norte de México. Sin duda, el abuso del poder es uno de los lastres más pesados que arrastra la historia de la sociedad mexicana. Lo anterior significa que millones de mexicanos--fundamentalmente los más desprotegidos--son víctimas no sólo de penurias económicas sino de otras graves violaciones a sus derechos fundamentales.
A diferencia de las entidades con una gran población indígena (como Chiapas) donde aumentan las quejas por violaciones de los derechos humanos—fundamentalmente contra el Ejército y grupos paramilitares que atacan a los civiles a los que consideran miembros o simpatizantes de grupos guerrilleros—en el norte del país las quejas son principalmente contra agentes de la Policía Judicial Federal (muchas veces militares "con licencia"), de la Policía Judicial (PJE) de varios estados y hasta de la policía preventiva, que en su conjunto se convierten en los principales verdugos de la ciudadanía. Las torturas, secuestros, desapariciones, robos, extorsiones, atentados, allanamientos de morada y asesinatos forman parte de la las labores cotidianas de estos agentes.
La tortura es una de las prácticas ilegales en la que con mayor frecuencia incurren los integrantes de los cuerpos policíacos en el norte del país. En 1997, 104 de las violaciones de los derechos humanos reportadas al Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CEFPRODHAC ) involucraban casos de tortura (véase la tabla). De acuerdo con entrevistas del CEFPRODHAC a personas que fueron torturadas, los verdugos utilizan, entre otros métodos, los siguientes: meter en una bolsa de plástico la cabeza de los detenidos con la intención de provocarles una sensación de asfixia, golpearlos en el estómago y mantenerlos incomunicados e incluso ameazarlos con torturar a miembros de su familia si presentan su queja. Durante las sesiones de tortura, a las víctimas normalmente se les encapucha para que no reconozcan a sus verdugos, y es común que se les espose o amarre de pies y manos. Generalmente los verdugos amenazan al detenido con torturar a sus parientes si presenta una queja. En vista de estas prácticas, resulta perturbador que algunos de los "interrogados" mueran mientras están bajo la custodia de la policía—lo cual ocurre con demasiada frecuencia.
Por ejemplo, uno de los primeros casos que el CEFPRODHAC recibió en 1997 fue el de la tortura y homicidio probable a un menor de Nuevo Laredo. El 4 de enero de 1997, Erick Cárdenas Esqueda, de 16 años, fue detenido por elementos de la policía municipal luego de participar en un conato de riña. Fue trasladado a las celdas de esa corporación, donde dos horas más tarde se le encontró muerto. Las autoridades municipales explicaron que se había suicidado por ahorcamiento con su camiseta, la cual había amarrado para ello a los barrotes de una ventana. Sin embargo, en las fotografías del cadáver se apreciaban huellas de tortura, incluyendo dos surcos en la espalda que pudieron ser causados por la presión del cuerpo contra los barrotes de la celda. Los genitales presentaban evidencia de lesiones por descarga eléctrica, probablemente una "chicharra", cuyo uso para torturar a los detenidos no ha desaparecido. Detrás del oído izquierdo se ubicaron golpes provocados con un objeto contundente y había huellas de golpes y lesiones en otras partes del cuerpo.
El CEFRODHAC ha encontrado que, desafortunadamente, cuando un funcionario o elemento policíaco es denunciado, [la secretaría interna de] la Contraloría [encargada de investigar el crimen] normalmente lo exonera, por lo que la búsqueda de justicia resulta una tarea titánica. Esta situación impide la procuración seria de justicia y genera un clima de sospecha de que los agentes abusivos gocen de impunidad.
En efecto: el tema de los derechos humanos en esta región está profundamente ligado al de la procuración de justicia. Muchas veces cuando un violador de los derechos humanos es consignado a un juez, logra eludir la acción de la justicia, debido a que el ministerio publico no integra adecuadamente la averiguación previa, se niega a recibir denuncias o querellas, no las ratifica, no presenta pruebas contundentes, incurre en la reclasificación de los cargos o falsifica las características del acusado o de las circunstancias en que se registraron los hechos. Por ejemplo, se impide que se conozcan las causas reales del deceso de las personas, mediante la manipulación de las autopsias, se omite dar fe de lesiones causadas con intención criminal, o, como en el caso de Erick Cárdenas, se minimiza en grado extremo la posibilidad de que el deceso haya sido causado por tortura.
En las cárceles del norte de México, casi nunca se castiga el delito sino la pobreza: más del 98 por ciento de los procesados son personas humildes con una baja escolaridad y han sido detenidas por transportar pequeñas cantidades de drogas del interior de México a la frontera. Los tratos crueles y degradantes son comunes en estas instalaciones, donde se encierra hasta a ocho reos en pequeñas celdas. Son prácticas cotidianas en el interior de los penales la venta de protección y de celdas; la existencia de celdas de castigo, en donde se mantiene a los internos en condiciones infrahumanas; la falta de atención médica, psicológica y de medicinas; la escasez de alimentos; y la disponibilidad de todo tipo de drogas. Además, las autoridades responsables de las cárceles están inmersas en la extorsión, el robo y algunos de los homicidios que ocurren en su interior. En Tamaulipas, estos problemas se reflejan en los motines que han ocurrido en las penitenciarías del estado, motivados por la desesperación de los internos, quienes de esa manera tratan de llamar la atención de las autoridades estatales y de los medios de comunicación. Gran diferencia existe en el trato a los escasos privilegiados, a quienes se les permite vivir solos en confortables celdas, sin temor a extorsiones o agresiones.
Los migrantes que tratan de cruzan a los Estados Unidos sufren un número de violaciones de sus derechos humanos quizás más importante que cualquier otro sector de la población. En una situación de indefensión extrema, muchos de los miles de mexicanos y centroamericanos que llegan a la frontera con la esperanza de seguir al norte sufren agresiones de las diversas corporaciones policíacas mexicanas. Estos abusos incluyen violaciones, golpes, encarcelamiento, robos y hasta el asesinato. Los migrantes que llegan a la frontera son perseguidos (sobre todo los que provienen del extranjero) en las calles, y hasta en los hoteles donde se hospedan, por policías que los quieren extorsionar. Los llamados "coyotes" o "pateros", en cambio, muchas veces son protegidos por la policía, por lo que gozan de impunidad para cometer todo tipo de abusos contra los migrantes.
Durante 1997 y los primeros nueve meses de 1998, el CEFPRODHAC documentó 113 asaltos contra migrantes en la zona del Río Bravo de Tamaulipas. Entre otros incidentes graves, se documentaron 27 agresiones con arma blanca y arma de fuego. En el área de Nuevo Laredo, se registraron 5 personas asesinadas a golpes y 22 casos de migrantes golpeados por asaltantes. En ese mismo período, se produjeron 5 agresiones sexuales contra mujeres que intentaban cruzar el Río Bravo; en Reynosa una mujer fue violada por cuatro "coyotes"; en Matamoros otra fue agredida sexualmente por dos "pateros" y, en la zona de Brownsville, dos mujeres fueron violadas, una de ellas por 7 traficantes de migrantes.
Además de sufrir estas vejaciones, muchos migrantes se ahogan en el río o sucumben en otros accidentes, y los que llegan al otro lado son objecto de todo tipo de maltratos de la Patrulla Fronteriza. En los últimos 21 meses, el CEFPRODHAC ha documentado 21 casos de migrantes degollados por trenes, 26 que sufrieron amputaciones después de internarse a Estados Unidos escondidos en trenes, 29 que han muerto de insolación, 65 que han resultado heridos en volcaduras del lado estadounidense cuando la Patrulla Fronteriza o la policía los perseguía. Finalmente muchos migrantes llegan a morir en los desiertos inhóspitos del norte. Desde 1997 se han localizado en total 259 migrantes muertos en Estados Unidos. Muchos se han ahogado en el Río Bravo, pero otros han sido encontrados muertos más al norte (véase borderlines vol. 6, no. 6).
También se dan abusos de los derechos humanos por motivos políticos, como sucedió en [el puerto de] Tampico, Tamaulipas, el primero de mayo de 1998. En esa ocasión se detuvo a un grupo de personas que repartían volantes entre los trabajadores que participaban en el desfile del Día de Trabajo. Los volantes, firmados por el Comité Regional del Frente Zapatista de Liberación Nacional, criticaban el neoliberalismo y exhortaban a la lucha por la democracia y libertad sindical. Siete agentes de la Policía Judicial del Estado [asignados a la comandancia de Tampico] llegaron al lugar y sin mediar explicación alguna los detuvieron y trasladaron a los oficinas de la corporación, donde los mantuvieron incomunicados durante dos horas.
Los problemas crónicos de crisis económicas y desempleo orillan a algunas personas [que sienten que no tienen opciones de trabajo] a cometer ilícitos, normalmente robos. A estas personas se les detiene y tortura y muchas veces se les declara culpables de otros ilícitos que la policía es incapaz de resolver o que quiere encubrir porque los autores de los crímenes son grupos de delincuentes organizados que tienen protección policíaca.
Además del robo, el narcotráfico es una actividad bastante común en la frontera, y como tal, es otra de las causas de las endémicas violaciones de los derechos humanos [en la región]. Las guerras entre grupos de narcotraficantes no sólo dejan un saldo de muertos, heridos y desaparecidos, sino que también involucran a elementos policíacos, lo que desencadena una serie de otros problemas. Por un lado, la protección oficial a los narcotraficantes produce una enorme sensación de anarquía en una región donde los derechos humanos son, de por sí, letra muerta. Las estadísticas del CEFPRODHAC ilustran esto: en los primeros meses de 1998, se registraron 157 homicidios en la frontera de Tamaulipas, 40 de ellos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, sólo se han detenido sospechosos en 64 de los casos, mientras que los presuntos responsables de 33 de los asesinatos están prófugos y 57 casos permanecen sin esclarecer.
El tráfico de estupefacientes es sumamente lucrativo, por lo que la corrupción en las altas esferas es otro gran problema que agrava las violaciones de los derechos humanos en la región fronteriza. No es casual, por ejemplo, que el gobernador actual de Tamaulipas haya tenido tres responsables de la Procuraduría, que han sido objeto acres críticas por su ineficiencia y por la corrupción desenfrenada en la dependencia a su cargo. Los tres están bajo la sospecha de conductas deshonestas, incluso vínculos con el narcotráfico.
Aún en los casos en los que ha intervenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el clima de impunidad permanece como un importante obstáculo para el avance de la lucha contra las violaciones de los derechos humanos. Por un lado, las limitaciones legales de la CNDH y la falta de mecanismos adecuados para el seguimiento de sus recomendaciones acotan la eficacia de la Comisión, que sólo tiene la facultad de expedir recomendaciones no obligatorias y no puede intervenir en casos relacionados con autoridades locales o estatales, pues su competencia se limita al ámbito federal. Por otra parte, incluso en casos en los que ha intervenido la CNDH los responsables han evadido las sanciones administrativas o penales que les correspondían por violentar las garantías constitucionales. Debido a la desinformación generada por quienes tienen la obligación de cumplir las recomendaciones, la CNDH generalmente da por atendidas sus observaciones—a pesar de que en incontables casos ni siquiera se sanciona a los responsables de los atropellos. Lo anterior debilita gravemente la credibilidad de la CNDH y atenta contra los derechos humanos en la región en general.
Son muchos los obstáculos que impiden que las instituciones oficiales sean eficaces en la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CDHT) se encuentra en un atolladero de burocratización; además, sus integrantes fueron designados no por su participación en la defensa de los derechos humanos ni por su compromiso social, sino por su lealtad al gobierno. Este contubernio es tan evidente en Tamaulipas, que el presidente de la comisión logró su reelección por un tercer período, reformando para ello la Constitución para eliminar el límite a dos mandatos que establecía ésta.
Por otra parte, muchas de las quejas que presentan grupos como el CEFPRODHAC se rechazan, con base en argumentos de incompetencia, ausencia de testigos o la prescripción del plazo persecutorio. Durante 1997, por ejemplo, dicha ONG envió a la CNDH un total de 39 denuncias por violaciones de los derechos humanos, en su mayoría contra agentes del ministerio público, elementos policíacos y militares. En atención a dichas quejas, la CNDH emitió una sola recomendación, y las 38 restantes concluyeron en una "amigable composición" o fueron desechadas por falta de elementos o por considerarse improcedentes. Aunque la CNDH se ha comprometido a divulgar los términos de las "amigables composiciones", hasta el momento no ha proporcionado ningún documento ni información alguna al respecto. Una de las críticas que con más frecuencia se hacen a la CDHET es, precisamente, la falta de divulgación de información sobre las recomendaciones que emite. La CDHET no informa a los medios de comunicación y ni siquiera cuenta con un departamento de prensa; sólo publica cada dos meses una gaceta que no llega a los medios ni a las ONG de derechos humanos.
La fragilidad de los mecanismos e instituciones establecidos para garantizar los derechos humanos en México se refleja en el reducido número de enjuiciamientos contra funcionarios del estado por violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, a pesar de los múltiples casos que se conocen en Tamaulipas de torturas contra detenidos, hasta el momento no hay un solo verdugo procesado o en prisión, lo que indica la facilidad con la que los policías violan las leyes. Los infractores saben que la amplia red de corrupción e impunidad a la que pertenecen los protegerá para que puedan cometer sus fechorías. Ante este panorama, y pese a las estadísticas oficiales, hay reticencia ciudadana para presentar denuncias ante los organismos gubernamentales de derechos humanos.
Otro factor agravante es el uso de las fuerzas militares en labores policíacas. Debido a la cada vez más grave problemática generada por el narcotráfico en México, en la última década el gobierno federal ha intensificado la participación de las fuerzas armadas en las tareas anti drogas. En particular, desde el inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, en diciembre de 1994, se ha registrado en todo el territorio nacional un gran despliegue de fuerzas militares, para librar "la guerra contra las drogas". Han tomado auge las revisiones arbitrarias y los retenes militares en las carreteras del país, en violación del Artículo 129 constitucional, que establece que "en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".
La abierta participación de los militares en la investigación de delitos, al margen de todo procedimiento legal, ha dado lugar al aumento de las violaciones de los derechos humanos. Desde que se ampliaron sus funciones en la guerra contra las drogas, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha contestado una sola de las denuncias presentadas por grupos de base que trabajan en el área de los derechos humanos, entre las que destacan acusaciones de tortura, detención injustificada, robo, extorsión, allanamiento de morada y homicidio (ver artículo, p. 10). Su poca familiarización con los procedimientos para realizar funciones policíacas entre la población civil y su ignorancia de los derechos legales de los ciudadanos lleva a los militares a cometer estos abusos, y lo que es más, el ejército no ha combatido de manera eficaz al narcotráfico, ya que casi siempre detiene a personas que poseen o están transportando pequeñas cantidades de droga, pero rara vez a los grandes traficantes.
La comunidad, en general, está convencida de la necesidad de exigir que las autoridades desempeñen sus responsabilidades estrictamente en el marco de sus atribuciones. Hoy, la mayoría de los ciudadanos no sólo tiene conocimiento de sus derechos sino que reconoce la posibilidad de exigir que se les respeten. Esto implica el inicio de un redimensionamiento del papel de la sociedad civil en su relación con el Estado. Actualmente el gobierno encuentra grupos comunitarios que buscan recuperar espacios de los que han sido excluidos debido a los abusos del poder de las autoridades.
Pese a estos incipientes cambios, en las regiones fronterizas como Tamaulipas subsiste el grave problema de la violación de los derechos humanos (véase la gráfica). Si bien muchos de los delitos en la región son cometidos por individuos de alta peligrosidad a quienes las autoridades tienen la obligación de hacer frente, esto deben hacerlo dentro de los límites de la ley. Los actos policíacos generalmente no encuentran sustento en nuestras leyes, y evidentemente menos las acciones extrajudiciales. De hecho, muchos funcionarios agumentan que el tema de los derechos humanos les impide cumplir sus responsabilidades.
Como ocurre en un sistema político presidencialista y vertical como el que (a pesar de los avances hacia la democratización) todavía subsiste en México, el Estado no es verdaderamente respetuoso de sus propias leyes, por lo que se presenta una lógica de intromisión en los derechos de los individuos. Mientras no exista la disposición gubernamental para permitir una apertura política, para combatir la corrupción oficial y los abusos de las diversas policías, para introducir mecanismos de supervisión y la obligación a rendir cuentas, ni para educar a los funcionarios sobre los derechos humanos, y mientras exista contubernio entre los agentes del ministerio público y los jueces para no documentar las torturas a los detenidos, el problema de los derechos humanos en el norte de México será difícil de erradicar.
Índice borderlines 51 | borderlines Home Page | IRC Home Page
Favor de mandar sugerencias, preguntas, información de recursos nuevos a Centro de Recursos,resourcectr@igc.apc.org