Inmigrantes centroamericanos se unen al debate sobre la integración económica

por Oscar Chacón | 8 de agosto de 2003

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El doce de mayo, en preparación para la cuarta ronda de negociaciones hacia un Tratado de Libre Comercio (TLC) Estados Unidos-Centroamérica, un gran contingente de la oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos y delegaciones más pequeñas de los Ministerios de Economía centroamericanos empezaron a llenar los salones de hoteles de la lujosa zona diez de la ciudad de Guatemala. En medio de recepciones y conferencias de prensa, discutieron los detalles de cómo allanarle el camino a los flujos de capital y bienes en la región.

El mismo día, llegó de Estados Unidos, una delegación más pequeña de líderes inmigrantes centroamericanos con el fin de presentar una visión muy distinta de la integración regional.

La delegación de cinco personas provenientes de Houston, New York, Chicago, y Miami, dio a conocer sus preocupaciones sobre el ritmo y contenido de la propuesta del TLC Centroamericano. Su presencia en Guatemala, representó un enorme paso en el proceso de participación política, la cual es cada vez es mas profundo con respeto a las políticas que impactan a sus comunidades, tanto en los E.U. como en sus países de origen.

A lo largo de las décadas pasadas, América se ha convertido en un hemisferio de inmigrantes, los cuales son una clara manifestación de los problemas de los modelos actuales de globalización, pero también constituyen una fuerza potencialmente poderosa de reforma y alternativas.

Se estima que la población actual de centroamericanos en los EU oscila entre 1.75 y 4 millones de personas. Sin duda, los flujos migratorios constituyen uno de los elementos fundamentales de la relación económica y social entre los Estados Unidos y Centroamérica. Estos inmigrantes envían aproximadamente $5,500 millones a sus comunidades de origen en forma de remesas familiares, las cuales se han convertido en la fuente más grande de apoyo externo para la región.

Aunque han recibido poca atención por parte de quienes crean las políticas en la región, e incluso de las expresiones organizadas de la sociedad civil, las comunidades de inmigrantes centroamericanas han acumulado un conjunto de experiencias inusuales y han desarrollado intereses distintos y de mucha importancia para los procesos de integración económica regional. Sus números cada día más grandes, son un testimonio del fracaso de los modelos económicos actuales en lo referente a generar oportunidades de vida digna y sustentable para la mayoría de centroamericanos. Las perspectivas de estas comunidades en relación a los procesos de integración regional van mas allá de las tradicionales posiciones a favor o en contra de los TLC.

Para muchos inmigrantes centroamericanos que viven en los EU, las discusiones actuales de integración regional parten de una concepción parcial, en la que el enfoque es prácticamente exclusivo de los temas comercio e inversión. Después de experimentar diez años bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), muchas ciudades mexicanas se encuentran inundadas de migrantes provenientes del campo. Por otro lado, de tres a seis millones de mexicanos todavía viven en condiciones de constante incertidumbre como inmigrantes indocumentados en los EU. Los gobiernos de la región no han elaborado políticas integrales para abordar estos niveles crecientes de migración, ni tampoco han examinado la causa de raíz del fenómeno: la falta de oportunidad.

Esta falta de tratamiento de una de las consecuencias más prominentes de la integración regional es muy costosa para los millones de inmigrantes centroamericanos, quienes viven y laboran bajo condiciones precarias en los EU. Todos los inmigrantes centroamericanos, incluso los indocumentados, pagan impuestos. Su trabajo contribuyó al crecimiento sin precedentes de la economía de los EU durante los años noventa. Sin embargo, los centroamericanos indocumentados que radican en EU no cuentan con protecciones laborales básicas, ni tampoco pueden viajar libremente a ver familiares en sus países de origen. Cerca de 500 mil inmigrantes indocumentados provenientes de Nicaragua, Honduras, y El Salvador, están actualmente protegidos de la deportación y reciben permisos de empleo bajo programas especiales de estatus de protección temporal (TPS, por sus signos en ingles) para estos nacionales. Al igual que los indocumentados, estas personas no pueden salir de los EU. La renovación anual de este programa está sujeta a la discreción de la rama ejecutiva del gobierno estadounidense, y no representa una solución adecuada de largo plazo para la relación migratoria entre Centroamérica y los EU.

Los inmigrantes centroamericanos están empezando a organizarse con el fin de pedir que tanto los gobiernos de sus países de origen como el de su país de residencia consideren sus necesidades en el marco de una re-formulación de la relación económica entre los EU y Centroamérica.

La agenda que presentan ante las negociaciones del TLC es de múltiples facetas. Primero, piden un nuevo régimen político y legal que regule el movimiento de personas entre Centroamérica y los EU. Segundo, como comunidades transnacionales que han sido y siguen siendo impactadas por la implementación de un modelo económico orientado hacia las exportaciones en Centroamérica, presentan una critica sustantiva del TLC, así como principios básicos que deben de guiar el proceso.

La delegación de líderes inmigrantes centroamericanos hizo público la siguiente proclamación el 12 de mayo en Guatemala:

"Hoy, los ministros de economía de la región Centroamericana darán inicio a la cuarta ronda de negociaciones hacia un acuerdo de libre comercio entre cinco países centroamericanos y los Estados Unidos. El calendario de negociaciones pretende llegar a un acuerdo final para noviembre de este año. Los gobiernos han prometido que la integración económica traerá beneficios múltiples para la región.

Sin embargo, desde la perspectiva de los emigrantes centroamericanos, quienes hoy por hoy representan la más importante fuente de ayuda externa para América Central, el prospecto de un acuerdo comercial con los Estados Unidos presenta una oportunidad importante de avanzar en muchos otros aspectos de la cada vez más interrelacionada relación con los Estados Unidos. En particular, para los emigrantes que vivimos en los Estados Unidos, es muy preocupante que la relación migratoria entre nuestros países y los Estados Unidos, no sea una parte integral de este proceso.

Un proceso de integración verdaderamente beneficioso entre los Estados Unidos de América y la región centroamericana requeriría, entre otras cosas, de un nuevo régimen legal que regule de una manera justa, realista y de conveniencia mutua las relaciones migratorias entre los países de América Central y los Estados Unidos. Dicho régimen debería abordar y resolver satisfactoriamente lo siguiente:

  1. La condición migratoria de todos los centroamericanos que residen en los Estados Unidos pero que no son residentes permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos.
  2. La situación de miles de peticiones familiares hoy pendientes, presentadas por centroamericanos que son residentes permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos que desean tener a sus familiares con ellos al más breve plazo posible.
  3. Los flujos migratorios futuros entre América Central y los Estados Unidos que sucederían en adición a lo implicado en el punto anterior.

Como comunidades transnacionales con nuestras raíces en la región centroamericana, también estamos muy preocupadas por los riesgos que un tratado comercial y de inversión con los Estados Unidos podría representar para el bienestar de la población centroamericana, si dichos tratados conllevan únicamente a la profundización de las políticas económicas ahora vigentes, las cuales han fallado en crear un ambiente de oportunidad económica digna y justa para la mayoría de ciudadanos centroamericanos. Precisamente estas condiciones han conllevado a los patrones de emigración que hoy existen.

Específicamente, creemos que un acuerdo de integración regional con los Estados Unidos tendría que incorporar los siguientes principios:

  1. Que las políticas agrícolas apoyen y promuevan el sector rural y que eviten el desplazamiento que ha sufrido los pequeños productores en México después de casi diez años de NAFTA. En ausencia de un plan integral de desarrollo, y sin un acuerdo adecuado para el libre movimiento de la fuerza laboral, el futuro de las familias que podrían ser desplazadas por los cambios en el campo es sumamente preocupante.
  2. Que las políticas relacionadas a la provisión de servicios garanticen la protección de los consumidores, el acceso y la calidad de los servicios básicos. La tendencia en las negociaciones actuales de CAFTA es de poner casi todos los servicios a competir en el mercado libre. En la práctica, implicaría la privatización de servicios como son: salud, agua, telecomunicaciones, etc. La decisión de privatizar o no a un sector debe estar sujeta a un debate abierto y democrático en cada país.
  3. Que haya más transparencia en la negociación de los acuerdos y en todos los aspectos de la administración publica. Hasta la fecha, las negociaciones han sido poco transparentes y su calendario acelerado dificulta una revisión democrática.
  4. Que la integración regional incluye la promoción del desarrollo integral (económico, político, social, cultural, etc.) participativo, desde las bases. Sin gozar de la protección de los derechos básicos, incluyendo los derechos laborales y el derecho a un medio ambiente sano, no se puede crear una base para el desarrollo sostenible y digno.
  5. Que las negociaciones se extiendan hasta que estos puntos se resuelven por medio de un verdadero diálogo democrático entre los ciudadanos de la región y sus gobiernos.

Manifestamos nuestra inquietud con el sistema actual de integración económica que CAFTA se propone ampliar. Si el resultado de CAFTA fuese una polarización aún más profunda entre ricos y pobres en la región, esto podría conllevar a condiciones de inseguridad e incluso violencia, lo cual sería una tragedia para la región.

Miembros de la Delegación:
Bernardo Villela, CONGUATE, Miami, Florida
Oscar Chacón, EnlacesAmérica, Chicago, IL
Marlon González, Agencia Guatemalteca para la Unidad y la Información (GUIA), Miami, FL
Teodoro Aguiluz, Red Nacional Salvadoreña Americana (SANN), Houston, TX
Pablo Gómez, Coalición Garífona, Bronx, NY

La iniciativa, por parte de lideres inmigrantes, de insertarse en foros regionales de formulación de política como actores con sus propias necesidades es un fenómeno nuevo, y resulta sumamente molesto para gobiernos que no están acostumbrados a que estas comunidades les hagan demandas.

Los inmigrantes han experimentado en carne propia los efectos devastadores del modelo económico que se está implementando en la región actualmente. Estas comunidades necesitan oportunidades para educarse sobre los detalles específicos de estas políticas, así como del conocimiento y destreza necesaria para su capacitación institucional. Estas comunidades no necesitan ser convencidas de que el modelo actual de desarrollo económico tiene fallas estructurales o de la inviabilidad de largo plazo de tal modelo.

Mientras la delegación de líderes centroamericanos se preparaba para regresar de Guatemala, los participantes empezaron a planificar el papel que asumirán ante las próximas rondas de negociaciones, pero el tiempo es corto, y el trabajo es de enormes proporciones.

Las actividades de capacitación sobre los aspectos básicos a cerca del comercio y la integración han dado inicio recientemente. Miembros de varias organizaciones y redes dirigidas por inmigrantes empezaron hace poco a reunirse con regularidad para formular posiciones conjuntas con respeto a temas de política. Y mientras se inician los esfuerzos de educación publica, el proceso del TLC-Centroamérica avanza a un ritmo sin precedentes, con las negociaciones del Área de Libre Comercio de América (ALCA) más cerca que nunca.

Sin embargo, estos líderes inmigrantes mantienen su convicción: las comunidades inmigrantes no pueden quedarse calladas mientras se desarrollen estas políticas de integración regional. El TLC con Centroamérica establecerá una base para negociaciones más amplias sobre ALCA.

Las comunidades migrantes ya tienen un peso económico muy relevante en la región. Si logran desarrollar una fuerza política correspondiente, quizá se podría concebir y promover un nuevo tipo de integración--uno que incluya mecanismos para la migración segura y humana, la protección de derechos humanos, salvaguardias medioambientales y la creación de oportunidades dignas para poblaciones rurales y urbanas en toda la región.

Oscar Chacón <info@enlacesamerica.org> es el Director de EnlacesAméricas y colaborador frecuente con el Programa de las Américas.

 

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Cita recomendada:
Oscar Chacón, "Inmigrantes centroamericanos se unen al debate sobre la integración económica" Programa de las Américas (Silver City, NM: Interhemispheric Resource Center, 8 de agosto de 2003).

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