Informe Político
El movimiento de los campesinos mexicanos: desentrañar los mitos del libre comercio

por Laura Carlsen | marzo de 2003

Aún para aquellos observadores que llevan años analizando los movimientos sociales mexicanos, lo ocurrido el 31 de enero de 2003 fue una sorpresa. Ese día una marcha de organizaciones campesinas, que tuvo el apoyo de sindicatos, universidades y grupos de la sociedad civil, rompió los moldes en una ciudad acostumbrada a las grandes manifestaciones.

Al llegar al zócalo de la Ciudad de México, destino final del trayecto, los contingentes—cada uno formado tras su manta propia—sumaron a unas cien mil personas. Desde la reforma agraria, emprendida por el presidente Lázaro Cárdenas a fines de los treintas, la capital del país no había visto una marcha campesina de tal tamaño, ni recibido a tantos labriegos dispuestos a expresar su malestar después de recorrer cientos de kilómetros desde sus comunidades.

Los campesinos no exigían solamente programas gubernamentales para aliviar su pobreza o ayuda para vender sus productos. Las demandas centrales de la marcha—la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN y un pacto nacional para el desarrollo del campo—fueron tanto un tiro directo al corazón del modelo neoliberal, como una nueva visión sobre los problemas del campo.

El emergente movimiento de los campesinos mexicanos refleja no sólo la seria crisis del sector rural del país; refleja también la crisis de credibilidad del mismo libre comercio. Haciendo eco común de la consigna “El campo no aguanta más”, un amplio espectro de organizaciones rurales ha disparado un debate nacional en torno al TLCAN. El resultado es que, como nunca antes en México, existe un cuestionamiento de algunos de los mitos fundamentales del modelo de libre comercio.

1. El mito del libre mercado

El primero es el mito de que existe un libre comercio. Los agricultores mexicanos responden de inmediato que la realidad se aleja mucho del libre comercio—eso de que los precios los determinan las leyes de la oferta y la demanda y de que aquel producto que se produce barato y en forma eficiente siempre logra ganar algo. Hay tres factores principales que han creado condiciones de mercado distorsionadas, hechas a la medida para beneficiar a las corporaciones transnacionales más poderosas del mundo con sede en Estados Unidos: los subsidios, el financiamiento y los oligopolios. Como resultado de lo anterior, los pequeños agricultores, al sur de la frontera estadounidense, son expulsados de la tierra. La primera distorsión asume la forma de subsidios agrícolas puestos en marcha por el gobierno estadounidense. La ley agrícola de 2002, conocida como Farm Bill, autoriza 242 600 millones en apoyos a los agricultores. Los subsidios del gobierno federal ascienden en la actualidad al 40 por ciento del ingreso neto de los agricultores estadounidenses. Aunque supuestamente éstos sirven para mantener a flote a las familias agricultoras, los miles de millones en subsidios fluyen desproporcionadamente hacia los agricultores corporativos. Junto con el financiamiento a las exportaciones/importaciones, aseguran que las grandes transnacionales de los alimentos y la agricultura incrementen sus ganancias a un nivel global. Mark Ritchie, del Institute for Agriculture and Trade Policy (iatp), apunta que los subsidios a la exportación estadounidense terminan en los bolsillos de los comerciantes de granos más grandes del mundo, en particular Cargill y Archer Daniels Midland.

¿Qué tiene que ver esto con el mercado mexicano? Un análisis reciente del iatp, del 2001, revela que el costo promedio de un bushel de maíz en el mercado internacional es de 2.28 dólares. Food First, un instituto de políticas públicas, con sede en California, informa que producir un acre de arroz californiano cuesta entre 700 y 800 dólares, pero recibe 650 dólares por acre en el mercado mundial, y que el trigo estadounidense se exporta con un precio 46 por ciento inferior a su costo.

Existe un nombre para esto: dumping, o competencia desleal, en castellano. Supuestamente está prohibida por las regulaciones del TLCAN y de la Organización Mundial de Comercio (omc). De acuerdo a los cálculos que presentamos, más de cinco toneladas del maíz estadounidense vendido en México durante 2001 contaban con un margen de competencia desleal de 25%. Análisis de los últimos años muestran márgenes de dumping de más del 30%. Los excedentes estadounidenses vendidos a precios de competencia desleal erosionan los precios de los productores; el valor del maíz mexicano cayó un 64% entre 1986 (cuando México ingresó al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, gatt, por sus siglas en inglés) y 1999. También dejan a los productores mexicanos sin mercado. El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas estima que, a nivel mundial, los subsidios agrícolas estadounidenses le cuestan a los países pobres unos 50 mil millones de dólares en exportaciones agrícolas perdidas.

Los campesinos mexicanos no pueden y no deben ser forzados a competir con granos estadounidenses que se venden a precios menores que los costos de producción. No tienen crédito, ni economías de escala, ni fertilizantes, ni control de plagas ni herbicidas químicos; no cuentan con maquinaria agrícola y, lo más importante; casi no cuentan con apoyos gubernamentales. Conforme el apoyo agrícola se incrementa en Estados Unidos, los programas del gobierno mexicano ha seguido las prescripciones del fmi y han desaparecido. Durante el periodo comprendido entre 1990 y 1994, los agricultores mexicanos recibieron del gobierno 32% de sus ingresos anuales. Entre 1995 y 2001, la cifra cayó al 13.2%.

Además de los precios subsidiados, el expedito y barato acceso al financiamiento estadounidense ha jugado un papel central en la inundación de importaciones de granos a México, lo que devastó los precios internos. En 1996, el precio del maíz se disparó debido al temor de que hubiera una gran escasez. Pese a los precios altos, ese fue el año que México más que duplicó sus importaciones.

El Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (ceccam), reportó que el creciente incentivo a los importadores, tanto en 1996 como en otros años, tuvo que ver con el financiamiento. Los exportadores estadounidenses y los organismos gubernamentales que financian exportaciones, en especial la Commodity Credit Corporation (ccc), ofrecen préstamos baratos a los importadores mexicanos que compran granos estadounidenses. Pese a que las tasas de interés han decrecido en años recientes, en los noventa las tasas de crédito se mantenían por arriba del 30% mientras que la ccc ofrecía intereses entre 7 y 8%. Para las compañías importadoras con sede en México, estas amorosas tasas ofrecidas por la ccc fueron como lluvia sobre la sequía.

El gobierno mexicano, encarando el mismo problema de apreturas monetarias a resultas de la crisis de devaluación de 1995, buscó la misma solución. El préstamo de 100 mil millones orquestado por el gobierno de Clinton en respuesta a la crisis del peso, incluyó un crédito por mil millones que obligaba a México a adquirir maíz directamente a través del programa de la ccc. Entre 1995 y 1996, en un solo año, las importaciones crecieron a 120%—el doble de la cuota estipulada por el TLCAN—, y todas las importaciones estuvieron libres de aranceles. Ese año, los importadores mexicanos incurrieron en créditos con la ccc por más de 1 500 millones de dólares: con lo que a los productores mexicanos se los llevó la corriente.

No puede existir un libre comercio en el contexto de los oligopolios globales. Contrastando con un informe del Banco Mundial en el que se afirma que el 73% de la población rural mexicana vive en la pobreza (un incremento significativo si se le compara con el periodo anterior al TLCAN) las principales transnacionales estadounidenses del agro negocio han crecido a saltos gigantes bajo los auspicios del modelo del libre comercio. Y mientras, los comerciantes internacionales—con actividades de importación y exportación—pueden recibir subsidios triples bajo las reglas del TLCAN: 1) como exportadores de productos agrícolas estadounidenses por debajo del costo; 2) como beneficiarios de subsidios directos a la exportación, y 3) como importadores mexicanos. También obtienen subsidios mexicanos; por ejemplo, Cargil recibe la tajada de león de los subsidios de Sinaloa—el estado mexicano que más subsidia su agricultura. Aunado a esto, tienen la ventaja de barrer del mapa a la competencia, con precios por debajo del costo: el negocio es redondo.

Ninguno de estos factores surge de la baja productividad de los campesinos mexicanos—la quintaesencia de su falta de competitividad, según el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga. En cambio, los factores descritos convergen en la sobrecarga que sufren los pequeños productores mexicanos.

A la luz de estas tendencias negativas, los planificadores predijeron que, en estos momentos, la mayoría de productores mexicanos de maíz ya debían haber abandonado el sector. Se equivocaron. Las cifras del año 2001 muestran que la producción nacional de maíz creció, de hecho, en un 10% comparado con 1994. Casi tres millones de agricultores mexicanos de todo el país siguen cultivando maíz. ¿Cómo, y lo que es más importante, por qué perseveran estos agricultores, pese a las tendencias de mercado globales?

La respuesta es que, pese a todo lo dicho, el sector agrícola mexicano cuenta con muchos subsidios, pero unos que no provienen de un gobierno preocupado por asegurar la viabilidad de la agricultura y la seguridad del abastecimiento alimentario del país. Son los campesinos mismos, en particular los campesinos del sur, que viven en la pobreza, quienes subsidian la producción nacional del maíz. Los subsidios provienen de la mano de obra familiar no remunerada, de las actividades comerciales de pequeña escala, y de los más de 9 mil millones de remesas anuales que los migrantes mexicanos envían a sus casas desde Estados Unidos.

Las remesas tienen una doble función. Primero que nada, el dinero mantiene las actividades agrícolas que se hubieran hecho inviables en el contexto del mercado internacional, pero en realidad cumple varios propósitos: el consumo familiar, la sobrevivencia cultural, la conservación ecológica, ingresos suplementarios, etcétera. Segundo, al enviar dinero a casa, los migrantes en Estados Unidos no buscan sólo asegurar niveles decentes de vida para sus familias mexicanas, sino que mantienen además una identidad campesina y una pertenencia comunitaria, que continúa definiéndolos en el exilio económico. Su dinero, sea individual o mediante una organización que los agrupe, subsidia la infraestructura rural, los implementos agrícolas, los insumos y la mano de obra, al tiempo que conserva una identidad cultural.

La combinación de todos estos subsidios personales, y su tenacidad por subsistir, da cuenta de un crecimiento en la producción maicera mexicana que de otra manera parecería inexplicable, a la luz de las “desventajas comparativas” de un mercado internacional distorsionado. Son el reflejo de una profunda resistencia cultural a la dislocación y a la negación inherente que significa el modelo de libre comercio.

2. El mito de las “ventajas comparativas”

El us Grains Council considera que en México sólo entre 1.7 y 2 millones de hectáreas tienen la posibilidad de producir en niveles comparables al criterio estadounidense de 8 toneladas de maíz por hectárea. La implicación más clara es que según esto, los campesinos que siembran maíz en los 6.5 millones de hectáreas restantes deberían buscar otro trabajo.

La primera razón por la que estos productores marginales de maíz no se han vuelto obreros en una maquiladora o productores de mango es que no pueden. La idea de que la agricultura mexicana puede reestructurarse para explotar las ventajas comparativas en el mercado internacional es un mero sueño de opio. Las características de la tierra y el clima en México limitan las regiones donde pueden cultivarse frutas y vegetales—los triunfadores del TLCAN—, y la inversión se concentra en muy pocas regiones del norte del país. Por tanto, el modelo exacerba la polarización regional y la exclusión del sur. Más aun, la inversión extranjera necesaria para la reconversión de cultivos y el desarrollo de industrias de exportación no ha llegado. Desde la instauración del TLCAN, el 0.3% de toda la inversión extranjera directa se dirigió a la agricultura.

Muchos sectores que eran ya favorecidos por sus recursos naturales, por su acceso a capital y su proximidad con el mercado estadounidense, y por la infraestructura con que cuentan, han crecido con el TLCAN, pero ofrecen a muy pocas opciones reales en términos de empleo rural. Por otra parte, la agricultura de exportación sigue empleando algunos de los métodos de producción alimentaria más dañinos social y ambientalmente, incluida la utilización intensiva de la mano de obra familiar de los migrantes, la aplicación de agro químicos que conllevan severos efectos ambientales y para la salud de corto y largo plazo, una discriminación contra las mujeres, la explotación del trabajo infantil, y múltiples violaciones documentadas a los derechos humanos.

El comercio agrícola posterior al TLCAN no siempre ha sido miel sobre hojuelas ni siquiera para este grupo privilegiado. El sector agro exportador mexicano ha encarado repetidas veces las barreras comerciales impuestas por Estados Unidos. Los tomateros de Sinaloa han estado batallando permanentemente con sus contrapartes de Florida, quienes en muchas ocasiones han logrado cerrar la frontera para proteger a los cultivadores estadounidenses. Esto se ha logrado, con frecuencia, alegando regulaciones sanitarias, una medida que se aplica también contra los productores de aguacate de Michoacán.

No obstante, los propugnadores del libre comercio insisten en que lo único que requiere la agricultura mexicana es programas sociales a manera de “red protectora”, para ayudarlos mientras se realizan los ajustes al empleo requeridos. Lo que no se dan cuenta es que la producción maicera de pequeña escala es la red protectora de toda Mesoamérica, y tiene más de mil años funcionando. Intentar ajustar esta economía campesina centrada en el maíz—basada en la preservación cultural, la subsistencia y la agricultura sustentable de pequeña escala—al modelo del libre comercio de las ventajas comparativas, es como tratar de insertar un poste cuadrado en un agujero redondo. Cuando los campesinos mexicanos exigen nuevas políticas para el campo y un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad rural, exigen que sean reconocidas todas las contribuciones no mercantiles de la economía campesina, como elementos esenciales para la soberanía nacional, la diversidad cultural y el empleo rural.

3. El mito del libre comercio como modelo de desarrollo

Desde la década perdida de los ochenta y la polarización de la riqueza de los noventa, cayó en desgracia la teoría de “la derrama” (trickle down). Pese a todo, los neoliberales de hoy insisten aún en que los pobres se beneficiarán eventualmente del modelo, y que todo lo que se requiere es que los rezagados se aviven, se reconviertan, se modernicen, se integren, etcétera. Conforme el TLCAN entra en su décimo año y después de casi veinte años de liberalización comercial bajo las reglas del gatt, la agricultura mexicana sigue perdiendo terreno: las estadísticas muestran 1 750 000 personas desplazadas, hay incrementos en la pobreza, en la desnutrición y la deserción escolar. Mientras el presidente Fox y su gabinete se ufanan de que seis mil millones de pesos corresponden a ingresos por agro exportaciones, los agricultores señalan que dicho dinero se fue a los bolsillos de menos del 7% de los agricultores mexicanos.

Una premisa fundamental del TLCAN y del propuesto Acuerdo Libre Comercio de las Américas (ALCA) es que si una nación se mantiene en el camino embaldosado por las prescripciones de integración económica del Fondo Monetario Internacional, arribará a la utopía de la prosperidad estadounidense. Estos pactos comerciales no ofrecen rutas alternativas, ni hay otros destinos planteados. Hoy, los campesinos mexicanos afirman que no sólo no pueden competir con el modelo agrícola estadounidense, sino que tampoco quieren. Y presentan una larga lista de las razones de su negativa.

La primera objeción abarca las preocupaciones sociales y ambientales del modelo agrícola estadounidense. Este modelo no es ambientalmente sustentable, debido al enorme monto de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos aplicados a técnicas de monocultivo; destruye la diversidad biológica, agrícola y cultural; diezma el empleo rural (2% de la población estadounidense se dedica al campo, mientras que en México es el 25% de la población la trabaja en actividades agrícolas), y aumenta la inequidad social al concentrar la tenencia de la tierra.

La segunda objeción tiene que ver con aspectos de soberanía nacional y dependencia. El modelo del libre comercio crea una dependencia alimentaria mediante importaciones (México obtiene un 40% de sus alimentos del exterior); vincula al sector rural con las veleidades del capital transnacional en lugar de vincularlo con los consumidores y productores nacionales; estrangula los mercados locales y regionales, y alienta la dependencia de las corporaciones de semillas y químicos transnacionales.

Los agricultores comienzan también a percatarse de aspectos relacionados con el consumo: el modelo estadounidense erosiona la calidad de los alimentos que le llegan al consumidor por impulsar las importaciones de comida-chatarra y el uso de químicos, lo que inhibe la diversidad culinaria y las tradiciones alimentarias étnicas y ancestrales que tienen un alto valor cultural y de salud.

Debe quedar claro que el movimiento campesino mexicano no está pidiendo tiempo y dinero para ALCAnzar la estatura de Estados Unidos. Cuando ellos resaltan las asimetrías y exigen fondos compensatorios, no sólo buscan corregir las brechas macroeconómicas ni promover reformas estructurales (de hecho, la fuente más importante del respaldo obrero y de la sociedad civil es una postura común de oposición a la privatización de la tierra, el petróleo y el sector eléctrico) sino emprender un programa nacional de desarrollo sensible y sensato. Reconocen que Estados Unidos está muy inmerso en senderos que México no debería transitar si el objetivo es el desarrollo sustentable, la equidad social y una vida digna para todos. El nuevo pacto “Estado-sociedad urbana-sociedad rural” que buscan los campesinos mexicanos debería incorporar un principio básico: la primera obligación moral y política de la nación es asegurar un nivel de vida aceptable para sus habitantes mediante el desarrollo de políticas públicas nacionales que respondan a necesidades nacionales. Esto implica asegurar la viabilidad, de largo plazo, de los agricultores en pequeño, y no la negociación de su desaparición; reconocer las contribuciones sociales, ambientales, culturales, de la agricultura; defender activamente la seguridad y calidad alimentarias.

4. El mito de la política infalible

Enfrentados a la debacle de Argentina y a las crecientes críticas de todo el mundo, los planificadores neoliberales se rehusan sistemáticamente a reconocer responsabilidad alguna del fracaso de su modelo. La exigencia de los campesinos de que se revisen partes del TLCAN, comienza a confrontar directamente esta negativa a rendir cuentas, vital a la defensa ideológica del libre comercio. En respuesta, los líderes gubernamentales de los tres países signatarios del TLCAN le adjudican al texto del tratado una autoridad moral comparable con la Biblia y se rehusan a discutir modificaciones, pese a que la ley, con toda claridad, lo permite.

Ante los impactos negativos del TLCAN sobre la agricultura mexicana, el gobierno de Fox resbala más de lo que suele. Mientras los agricultores mexicanos presionan para que se renegocie el capítulo agropecuario del TLCAN, el gobierno mexicano insiste en que el libre comercio no es la fuente de las desgracias de los campesinos. Los defensores de las políticas para el campo piden “no tirar el bebé con el agua de la tina”, e insisten en la necesidad de continuar con las reformas estructurales arguyendo que el problema no es que haya demasiado libre comercio, sino que hace falta más.

La embajada estadounidense ha jugado un papel inusualmente activo, acicateando al Congreso mexicano y emitiendo varios boletines de prensa y declaraciones oficiales que urgen a México a atenerse a la línea pactada. El 12 de diciembre, el personal de la embajada salió a cabildear con los senadores mexicanos, lo que evitó, por un escaso margen, que el voto senatorial congelara los aranceles en los niveles de 2002. Un informe de la embajada en torno al TLCAN se refiere al problema de ”los grandes eventos y el poco tiempo”. Los autores se refieren a los sucesos que se han interpuesto (especialmente al levantamiento zapatista y a la devaluación de diciembre de 1994) y a que nueve años de TLCAN es un lapso muy corto para asegurar las causas y los efectos. Un escrutinio más detallado muestra que esta teoría, como otros pretextos invocados, sirve para enmascarar un problema más grande que ha atosigado a los arquitectos del libre comercio por años: “los datos contradicen el modelo”. Luis Téllez, quien participara en las negociaciones del TLCAN en su papel de subsecretario de agricultura del gobierno del presidente Salinas, expresó este problema en forma sucinta, en un foro celebrado el 16 de enero: “El TLCAN no falló, pero la realidad no se ajustó a lo que se preveía.”

Conclusión: políticas basadas en la gente, no en los mitos

Si el libre comercio no existe, y si el modelo empobrece a la vasta mayoría de los productores rurales, ¿debe continuar siendo el principio fundamental y exclusivo para organizar la agricultura mexicana? El movimiento de los agricultores mexicanos está diciendo que es tiempo de descartar los mitos y permitir que los valores humanos jueguen un papel más preponderante en las políticas agrícolas.

Los agricultores mexicanos no sólo rechazan un acuerdo de comercio asimétrico que destruye sus vidas y sus comunidades; rechazan también ser empujados por un callejón sin salida. Competir con Estados Unidos significa adoptar un modelo de agricultura dominado por las transnacionales estadounidenses. Competir en estos términos—los únicos que entiende un mercado impulsado por los precios—podría hacer estallar a la sociedad mexicana. Comprarse este mito corporativo podría dar al traste con nueve mil años de cultura y agricultura domesticada, y con su diversidad biológica y agrícola.

El mes de enero de 1994 se inició el paradigma de un futuro neoliberal pero también una rebelión zapatista armada que galvanizó un respaldo nacional e internacional hacia “un mundo donde quepan muchos mundos”. Enero de 2003 abrió con eliminaciones arancelarias propias del TLCAN pero el mes cerró con cien mil campesinos en las calles, que exigían una inmediata renegociación del TLCAN, soberanía alimentaria, y un pacto nacional de desarrollo rural. Estos dos eneros son las tapas de un libro que encierra un periodo de definiciones en México. Recientemente, algunos miembros del Congreso estadounidense reconocieron que fracasar en la resolución de la crisis agrícola mexicana aumentará la migración y complicará las relaciones entre estos dos países. Estados Unidos afrontará serios riesgos en todos los aspectos vinculados con la relación binacional si insiste en imponer un futuro unilateral a México. En un futuro no tan distante, los campesinos y los indígenas se unirán por miles exigiendo otras maneras de vivir y un desarrollo nacional que responda a sus necesidades y no a un modelo anclado en tantos mitos.

Laura Carlsen <laura@irc-online.org> es investigadora asociada del Programa de las Américas del irc, y coeditora de Community Control in a Global Economy (Kumarian, 2003) y Enfrentando la globalización: integración económica y respuestas sociales en México (Miguel Ángel Porrúa, 2003).

Fuentes de información adicional

Organizaciones mexicanas

Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM)
Tel: (5) 661-1925
Fax: (5) 661-5398
Correo electrónico: ceccam@laneta.apc.org
Sitio electrónico: http://www.laneta.apc.org/ceccam/
Organización no-gubernamental dedicado a la investigación y asesoría rurales.

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEC)
Tel: +(5) 661-5914 or 662-9297
Fax +(5) 661-5909
Correo electrónico: anec2@laneta.apc.org
Sitio electrónico: http://www.laneta.apc.org/anec/
Grupo de cultivadores mexicanos de granos que responden a los retos de la liberalización económica y la globalización en México, impulsando redes comerciales campesinas.

Greenpeace México
Tel: +(5) 590-6868
Fax: +(5) 590-9474
Correo electrónico: Adrian.ruiz@dialb.greenpeace.org
Sitio electrónico: http://www.greenpeace.org.mx/
Realizan trabajo relacionado con una gran cantidad de aspectos vinculados al libre comercio y sus impactos ambientales.

Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)
Tel: +(52 5) 355 1177
Correo electrónico: rmalc@laneta.apc.org
Sitio electrónico: http://www.rmalc.org.mx/
Coalición cuya misión es analizar, impugnar e influir en las políticas económicas y de comercio de México.

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC)
Tel: +(52 967) 678-5832
Correo electrónico: ciepac@laneta.apc.org
Sitio electrónico: http://www.ciepac.org/
Centro de investigación, con sede en Chiapas, que conduce trabajo investigativo y genera información y análisis sobre un amplio espectro de asuntos.

Organizaciones estadounidenses

Alliance for Responsible Trade
c/o The Development Gap for Alternative Policies (D-GAP)
Tel: (202) 898-1566
Fax: (202) 898-1612
Correo electrónico: dgap@igc.apc.org
Sitio electrónico: http://www.art-us.org/
Red de organizaciones laborales, de agricultura familiar, de mujeres, ambientales, de desarrollo e investigación que promueve un intercambio comercial y un desarrollo sustentables.

Center for International Environmental Law (CIEL)
Tel: (202) 785-8700
Fax: (202) 785-8701
Correo electrónico: cielus@igc.apc.org
Sitio electrónico: http://www.ciel.org/
El ciel promueve métodos innovadores para integrar los principios de un desarrollo sustentable con las políticas y las regulaciones internacionales de comercio e inversión. En 1996 lanzó un proyecto de las Américas para la participación pública en las negociaciones de comercio (Public Participation in Trade Negotiations in the Americas Project) cuyo propósito es promover una amplia participación pública y una mayor atención a la protección ambiental dentro del ALCA.

Global Development and Environmental Institute
Tel: (617) 627-3550
Fax: (617) 627-2409
Correo electrónico: gdae@tufts.edu
Sitio electrónico: http://www.tufs.edu/tie/gdae/
El g-dae es un instituto de investigación, en Tufts University, que se dedica a promover un mejor entendimiento en aspectos ambientales y de comercio, y ha producido materiales en torno a asuntos de comercio y agricultura relacionados con el TLCAN y el ALCA.

Institute for Food and Development Policy/Food First
Tel: (510) 654-4400
Fax: (510) 654-4551
Correo electrónico: foodfirst@foodfirst.org
Sitio electrónico: http://www.foodfirst.org/
Una organización de investigación y promoción, con rango internacional, que se centra particularmente en aspectos de seguridad alimentaria, hambre y reforma agraria.

Institute for Agricultural and Trade Policy (IATP)
Tel: (612) 870-0453
Fax: (612) 870-4846
Correo electrónico: iatip@iatp.org
Sitio electrónico: http://www.iatp.org/
Una organización de investigación y promoción cuyo centro son los asuntos relacionados con la agricultura y el comercio, incluidos los derechos de propiedad intelectual, la política agrícola estadunidense, y el papel de los agro negocios. Construye vínculos entre grupos de agricultores estadunidenses y organizaciones de base rural extranjeras.

Sitios electrónicos:

Borrador del Informe Nacional Sobre los Avances en el Cumplimiento de la Cumbre de la Tierra
http://www.semarnat.gob.mx/río10/

Centro de Estadística Agropecuaria (CEA)
http://www.sagarpa.gob.mx/cea.html

Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras
http://www.laneta.apc.org/cnoc/

Ministry of the Economy NAFTAWorks
http://www.naftaworks.org/
Este sitio gubernamental proporciona información extensa sobre inversiones extranjeras en México, aspectos y regulaciones de comercio en el TLCAN, acuerdos comerciales entre Estados Unidos y México, y estadísticas comerciales.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
http://www.sagarpa.gob.mx/

Food and Agricultural Organization (FAO)
http://www.fao.org/trade/

Suscríbase a nuestra lista electrónica para recibir anuncios por email que le avisan cuando nuevos artículos, comentarios e informes políticos u otros materiales aparecen en el sitio web del Programa de las Américas.

Queremos conocer tu punto de vista. Envíanos tus comentarios sobre este artículo. Tus comentarios podrían ser publicados en nuestro CrossBorder Updater ó el Updater Transfronterizo.

 

Cita recomendada:
Laura Carlsen: “El movimiento de los campesinos mexicanos: desentrañar los mitos del libre comercio” Informe de políticas públicas, Programa de las Américas (Silver City, NM: Interhemispheric Resource Center, marzo de 2003).

Ubicación en Internet:
http://www.americaspolicy.org/reports/2003/sp_0303farm.html

Información de producción:
Escritor: Laura Carlsen
Producción y diseño: Tonya Cannariato, IRC